Plantean acuerdo nacional con siete medidas urgentes para enfrentar la violencia contra la niñez y adolescencia

 La Defensoría del Pueblo y el Consejo Plurinacional de la Niñez y Adolescencia por los Derechos Humanos, plantearon un Acuerdo Nacional para enfrentar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, a partir de la implementación de siete medidas urgentes que incluye participación de varias instituciones del Estado y de la sociedad en su conjunto.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en conferencia de prensa junto a los representantes del Consejo de la Niñez y Adolescencia, manifestó que esta alianza tiene su base en las acciones conjuntas que se impulsan desde abril pasado cuando la institución defensorial y el Consejo Plurinacional acordaron trabajar de manera conjunta en esta lucha contra toda forma de violencia.

Las y los delegados del Consejo, por su parte, hicieron conocer un pronunciamiento en el que expresaron su indignación y preocupación por las alarmantes cifras de casos de violencia, sexual, física y sicológica que a diario se conocen y se denuncian. “Nos da miedo escuchar sobre asesinatos de bebés, niñas, niños y adolescentes, que se informa como algo natural, como si no valiéramos nada para nuestros padres, madres, nuestras autoridades policiales y jurídicas y para toda la sociedad. Pese a que nuestra Constitución nos garantiza todos nuestros derechos desde el inicio de nuestra vida, durante este año ya se han reportado más de 30 infanticidios”, señalan en el documento que presentaron.

Frente a esta realidad, Villena dijo que toda la sociedad debe encarar una acción intensiva y profunda que tenga como base conceptual la necesidad de un compromiso de todas y todos por la protección y defensa de la niñez y adolescencia. Planteó la necesidad de generar la conciencia y las condiciones para que las mujeres se conviertan en las primeras defensoras de los derechos de ellas mismas, que el entorno familiar o social, sean madres, abuelas, tías, hermanas, compañeras de colegio, de la universidad, del trabajo o de cualquier espacio social asuman como una forma habitual de conducta, la defensa y la protección, especialmente de las niñas y adolescentes a través de la vigilancia, la intervención y la denuncia cuando corresponda. “No podemos seguir aceptando que las mujeres en la Asamblea Legislativa aprueben la protección de un diputado acusado de violar a dos niñas, que la Concejalas de Santa Cruz protejan a un alcalde machista, que haya mujeres abogadas que defiendan violadores, que empresarias de medios de comunicación promuevan o acepten la difusión de programas que muestran a las mujeres como simples objetos sexuales o que haya mujeres que justifiquen y defiendan a los violentos, los feminicidas o los violadores, así sean esposos, padres, amigos o jefes”, cuestionó.

Demandó, asimismo, fortalecer los mecanismos de persecución, vigilancia, denuncia y punición frente a la gravedad de este problema, además de realizar un trabajo conjunto entre las instituciones estatales, organizaciones y entidades que trabajan en la temática y la participación de los medios de comunicación que desde su función puedan ayudar a que el Estado asuma como prioridad el respeto y la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero también para que la sociedad asuma consciencia que no se puede seguir tolerando esta situación.

Las representaciones departamentales y las unidades de la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo junto al Consejo Plurinacional iniciarán las acciones para invitar e incluir en esta propuesta a las instituciones y organizaciones de la sociedad.

Las siete medidas urgentes

Las siete medidas que de manera urgente deben implementarse, según demandaron este lunes, son: La formulación y aprobación inmediata de y consensuada del Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia y su jerarquización a través de una Ley del Estado, y de Planes Departamentales contra la violencia hacia la niñez y adolescencia que cuenten con recursos provenientes del Tesoro General del Estado y los presupuestos locales; la apertura de Defensorías de Niñez en todos los Municipios del país, así como su fortalecimiento y asignación de recursos humanos, económicos y reglamentarios; la conformación inmediata de los comités de niñas, niños y adolescentes a nivel departamental y municipal, con reconocimiento y facultad para presentar propuestas que deben ser consideradas prioritariamente en las temáticas de niñez y adolescencia.

Ese acuerdo nacional también plantea la creación y funcionamiento de centros de apoyo a víctimas de violencia sexual a través de las gobernaciones; la creación de los juzgados y fiscalías de la niñez y adolescencia en todo el país, según lo establece la normativa; la creación del Defensor del y la Estudiante en todas las unidades educativas del país como instancia compuesta por alumnas y alumnos, en coordinación con las autoridades educativas y las Defensorías de la Niñez y la Defensoría del Pueblo; y la creación de una unidad de investigación y seguimiento especial del Órgano Judicial para el análisis, seguimiento y resolución de los casos, tanto en el Ministerio Público como en los Juzgados , que tengan que ver con hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Las cifras alarmantes

Según el seguimiento de la Defensoría del Pueblo a los casos hechos públicos, entre enero y junio de 2015, el 90% de las violaciones sexuales a menores de 18 años, afectó a las niñas o adolescentes mujeres. El 42% tuvo como víctimas a niñas entre 12 y 15 años; un 24% entre 6 y 10 años y un 12% a infantes entre 0 y 5 años. El 36% de los casos ocurrió en Santa Cruz, el 22% en La Paz y el 20% en Cochabamba. En relación a los victimarios, el 62% eran del entorno de confianza de las víctimas y el 32% fueron ataques de desconocidos. El 68% de la violencia física tuvo como víctimas a las niñas y las adolescentes; el 56% afecta a niñas y niños entre 0 y 5 años; el 80% fue perpetrado por familiares cercanos; el 35% sucedió en Santa Cruz, el 30% en Cochabamba.

Las denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo por vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes se ha incrementado de 1.077 en 2013 a 1.508 en 2014, es decir en 30%. Del total registrado en 2014, 504 casos se denunciaron por hechos de violencia; en 2013 esta categoría llegaba a 118 casos.